Una ruptura, dos hogares pobres

J. M./BILBAO

El año pasado, 432 divorciados y separados vascos acudieron a las sedes de Kidetza en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava para buscar asesoramiento. Según esa entidad, todos esos casos ponen de relieve la precariedad económica y el riesgo de «marginación» que acechan a muchas rupturas de matrimonios modestos y de clase media.

«El 90% de las personas deseaba liquidar los gananciales en el momento mismo de hacer la separación. Pero el 67% de los progenitores ‘custodios’ no lo hacían porque no tenían la seguridad de una vivienda después de la ruptura. Y de ese 67%, la mitad afronta un crédito hipotecario que paga a medias», señala Kidetza.

Otro dato del estudio es que «el 82% de los progenitores ‘no custodios’ no tiene donde alojarse en el momento de la separación/divorcio, pasando a convivir en un primer momento con familiares, en régimen de alquiler o alquiler compartido, e inclusive en campings, de forma transitoria mayoritariamente».

Kidetza advierte de que «una minoría» de los divorciados que han pasado por sus sedes ha perdido incluso el puesto de trabajo al haber sufrido traumas personales (depresiones, etc.). Al quedarse sin recur económicos han sido atendidos y alojados por entidades sociales o concertadas de forma provisional.

Por último, Kidetza alerta de que «hay un grupo cada vez más numeroso de progenitores con la custodia de los hijos (mujeres, mayoritariamente) que tienen que vender el piso por ley, pero que por su edad, por su formación y por su situación ecónomica o laboral no pueden hacer frente a esa situación».

EL CORREO DIGITAL

Vivienda crea un cupo especial para facilitar el acceso de los separados a VPO de alquiler

EL 67% DE LOS EX CÓNYUGES SE BENEFICIARÁ DEL ACUERDO ENTRE KIDETZA Y EL GOBIERNO VASCO

Los padres no custodios adjudicatarios de un piso podrán hacer constar a sus hijos para exigir viviendas más amplias
Ana Úrsula Soto

DONOSTI. Los vascos separados o divorciados tendrán un acceso preferente a las viviendas de alquiler de protección oficial, gracias al acuerdo alcanzado por la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados Kidetza y el Departamento vasco de Vivienda. De este modo, la consejería del Gobierno Vasco atiende la demanda más prioritaria que viene haciendo pública este colectivo, puesto que hasta el 82% de los progenitores no custodios que contactaron el año pasado con la federación no disponía de alojamiento.

En Gipuzkoa se registraron cerca de 2.000 divorcios en 2005 y alrededor de 6.000 en toda Euskadi. No obstante, seis de cada diez ex cónyuges podrían beneficiarse de esta medida, según mantiene Kidetza, que presentó ayer el acuerdo junto con el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.

Tras el consenso alcanzado, los padres y madres separados o divorciados se integrarán en un cupo social específico, junto con el resto de colectivos necesitados de especial protección, a la hora de acceder a un concurso de vivienda protegida, aunque sólo en régimen de alquiler.

Con esta medida se amplía el número de beneficiarios de este cupo especial, puesto que en 2004 Lakua ya estableció uno para el acceso de las familias monoparentales y otro de especial protección para las víctimas de la violencia de género.

Además, el pacto amplía el abanico de acceso a las listas de Etxebide y a las adjudicaciones de VPO, tanto en alquiler como en venta, a todos los vascos separados o divorciados que carezcan de vivienda, o bien obtengan por la venta del domicilio ex conyugal un importe neto de menos de 75.000 euros, cuando hasta ahora se establecía como cantidad límite los 72.000 euros.
protección del menor Uno de los alegatos con los que Kidetza argumentaba la demanda de VPO para sus usuarios era la protección del menor. En su propuesta, defendía que en la mayoría de las sentencias de separación o divorcio se adjudica el hogar conyugal al progenitor custodio, al fin de que el menor tenga un hogar digno. Sin embargo, el colectivo achacaba a la consejería de Vivienda que no se tenía en cuenta que el menor “pasa con el no custodio una media de 126 días al año”. “Las administraciones no pueden ignorar que el 50% de parejas sigue pagando créditos hipotecarios después de la separación”, añadían.

Por eso, a partir de ahora los padres no custodios podrán solicitar que se tenga en cuenta a los hijos a efectos de las dimensiones o número de habitaciones de la vivienda, una vez haya resultado adjudicatario en el sorteo de Etxebide. Como indicó el presidente de Kidetza y de su filial guipuzcoana Agipase, Justo Saez, de esta forma los hijos se relacionarán “en condiciones dignas” con ambos padres. En el caso de que la custodia de los hijos sea compartida, ambos progenitores podrán hacer constar en su solicitud a los hijos.

Aparte de estas consideraciones, el pacto reduce el tiempo de espera para acceder a una VPO por parte de los progenitores no custodios. Si antes debían esperar dos años, ya que se les consideraba propietarios del piso ex conyugal, ahora podrán inscribirse en las listas de Etxebide al día siguiente de la separación.

Todas estas aportaciones para el colectivo recogidas en el acuerdo aseguran, según coincidieron en señalar tanto Madrazo como Saez, una “reducción de la conflictividad” en este tipo de procesos, además de evitar que la inestabilidad causada por la pérdida del domicilio original derive en situaciones de marginación social.
los obstáculos En definitiva, no es fácil para un separado afrontar, de nuevo, el proceso que conlleva el acceso a una vivienda, aunque según datos de Kidetza, nueve de cada diez separados vascos desea liquidar los bienes gananciales en el momento de hacer la separación. El 67% de los progenitores custodios lo hacían por no tener la seguridad de una vivienda.

También influye en este proceso la pérdida del puesto de trabajo que sufren algunos separados por razones relacionadas con el distanciamiento de la pareja, así como la edad y la formación.

A esto se le puede añadir, en ocasiones, una manipulación de la condición de víctima, sobre todo por parte de las mujeres. Por esta razón, la integrante de Kidetza, Isabel Ruiz, recordó ayer que todavía muchos hombres quedan desamparados por un “mal” uso puntual de la Ley de Violencia de Género por parte de las mujeres para lograr la custodia de los hijos o la titularidad del hogar conyugal. E incluso llegan a manipular a los hijos para obtener beneficios, entre los que la adjudicación de la vivienda suele ocupar un lugar destacado.

Hasta ahora, las alternativas no eran muy halagüeñas como presentaba Kidetza en su propuesta. Por un lado, los pisos de alquiler son una opción poco frecuente por su alto coste económico, salvo para zonas situadas en la periferia de los municipios. Así que la elección más frecuente surge entre las viviendas compartidas, que permiten repartir el coste mensual entre sus residentes.

También, cada vez más, el camping se convierte en una alternativa muy deseada, aunque poco convencional. Sin embargo, Kidetza ha denunciado siempre que ambos alojamientos nos son “aptos” para realizar un régimen de convivencia con los hijos de forma adecuada.

Por eso el acuerdo alcanzado permitirá a los separados acceder a una vivienda digna que podrán compartir con sus descendientes, aunque no se encuentren bajo su custodia.

DIARIO DE GIPUZKOA

AMAPASE avanza que se evitarán discusiones en un tema recurrente como es la vivienda.

“Estas novedades reducen el conflicto y benefician sobre todo a los niños”.

La Asociación Alavesa de Padres y Madres Separados cree que todos los vascos percibirán los beneficios de estas medidas.

Los vascos separados o divorciados tendrán un acceso preferente a las viviendas de alquiler de protección oficial, gracias al acuerdo alcanzado por la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados Kidetza y el Departamento vasco de Vivienda. De este modo, la consejería del Gobierno Vasco atiende la demanda más prioritaria que viene haciendo pública este colectivo, puesto que hasta el 82% de los progenitores no custodios que contactaron el año pasado con la Federación no disponía de alojamiento. En Álava se realizaron 800 divorcios el pasado año y alrededor de 6.000 en toda Euskadi. No obstante, seis de cada diez ex cónyuges podrán beneficiarse de esta medida, según mantiene Kidetza, que presentó ayer el acuerdo junto con el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Tras el consenso alcanzado, los padres y madres separados o divorciados se integrarán en un cupo social específico, junto con el resto de colectivos necesitados de especial protección, a la hora de acceder a un concurso de vivienda protegida, aunque sólo en régimen de alquiler.

Con esta medida se amplía el número de beneficiarios de este cupo especial, puesto que en 2004 Lakua ya estableció uno para el acceso de las familias monoparentales y otro de especial protección para las víctimas de la violencia de género. Además, el pacto amplía el abanico de acceso a las listas de Etxebide y a las adjudicaciones de VPO, tanto en alquiler como en venta, a todos los vascos separados o divorciados que carezcan de vivienda, o bien, obtengan por la venta del domicilio ex conyugal un importe neto de menos de 75.000 euros, cuando hasta ahora se establecía como cantidad límite los 72.000 euros.

PROTECCIÓN DEL MENOR Uno de los alegatos con los que Kidetza argumentaba la demanda de VPO para sus usuarios era la protección del menor. En su propuesta, argüía que en la mayoría de las sentencias de separación o divorcio se adjudica el hogar conyugal al progenitor custodio, al fin de que el menor tenga un hogar digno. Sin embargo, el colectivo achacaba a la consejería de Vivienda que no se tenía en cuenta que el menor “pasa con el no custodio una media de 126 días al año”. “Las administraciones no pueden ignorar que el 50% de las parejas continúa pagando créditos hipotecarios después de la separación”, añadían. Por eso, a partir de ahora los padres no custodios podrán solicitar que se tenga en cuenta a los hijos a efectos de las dimensiones o número de habitaciones de la vivienda, una vez que haya resultado adjudicatario en el sorteo de Etxebide. Como indicó el presidente de Kidetza, Justo Saez, de esta forma los hijos se relacionarán “en condiciones dignas” con ambos padres. En el caso de que la custodia de los hijos sea compartida, ambos progenitores podrán hacer constar en su solicitud a los hijos. Aparte de estas consideraciones, el pacto reduce el tiempo de espera para acceder a una VPO por parte de los progenitores no custodios. Si antes debían esperar dos años, ya que se les consideraba propietarios del piso ex conyugal, ahora podrán inscribirse en las listas de Etxebide al día siguiente de la separación. Todas estas aportaciones para el colectivo recogidas en el acuerdo aseguran, según coincidieron en señalar tanto Madrazo como Saez, una “reducción de la conflictividad” en este tipo de procesos, además de evitar que la inestabilidad de la pérdida del domicilio original derive en situaciones de marginación social. No obstante, la integrante de Kidetza, Isabel Ruiz, incidió en que todavía muchos hombres quedan desamparados por un “mal” uso puntual de la Ley de Violencia de Género por parte de las mujeres con el fin de lograr la custodia de los hijos o la titularidad del hogar conyugal.

NOTICIAS DE ÁLAVA

Los divorciados entrarán en Etxebide al día siguiente de la separación aunque sean titulares de una vivienda

Las personas divorciadas y separadas con dificultades económicas podrán inscribirse en Etxebide al día siguiente de la separación -aunque figuren como titular de una vivienda-, frente a los dos años que había que esperar anteriormente.

Vasco Press Bilbao.

Además, quienes obtengan por la venta del domicilio un beneficio neto de menos de 75.000 euros, se sube el límite en 3.000 euros podrán participar en las adjudicaciones de VEO, tanto en alquiler como en venta. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, ha presentado hoy en Bilbao las medidas adoptadas por el Departamento junto con la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados (Kidetza) con el objetivo de favorecer el acceso a las VPO a las personas separadas y contribuir a atenuar el nivel de conflicto que se da en una ruptura a la hora de liquidar los bienes comunes.
Según ha explicado Madrazo, el acuerdo es “muy beneficioso” para los padres separados ya que trata de minimizar las consecuencias negativas de las rupturas que conllevan “fragilidad y quiebra económica”. “La vivienda es un foco de conflicto importante tras la ruptura”, ha indicado. Por ello, se han “consensuado” con Kidetza cinco medidas que entrarán en vigor durante el presente año.
La primera recoge la creación de un cupo especial de personas separadas en Etxebide para promociones en régimen de alquiler. Asimismo, quienes carezcan de vivienda o obtengan por la venta del domicilio ex conyugal un beneficio neto de menos de 75.000 euros podrán acceder a las adjudicaciones de vivienda protegida. Hasta la fecha, el límite estaba fijado en 72.000 euros.
En el caso de custodia compartida, se podrá incluir a los hijos en el registro y se tendrá en cuenta el número de habitaciones de la vivienda en función del número de hijos.
Por último, las personas separadas o divorciadas podrán inscribirse en Etxebide desde el día siguiente de la separación sin tener que esperar a los dos años. En Euskadi alrededor de 6.000 personas se separan cada año, no obstante, existen más de 50.000 personas en esta situación, lo que lo convierte en un colectivo “amplio y en crecimiento”.
Desde Kidetza hacen una valoración “positiva” del acuerdo puesto que favorece “la disminución de los conflictos familiares y la mediación familiar”. Según ha explicado el presidente de la Federación, Justo Sáez, estas medidas permiten que los menores puedan relacionarse con ambos padres.

DEIA