Una ruptura, dos hogares pobres

J. M./BILBAO

El año pasado, 432 divorciados y separados vascos acudieron a las sedes de Kidetza en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava para buscar asesoramiento. Según esa entidad, todos esos casos ponen de relieve la precariedad económica y el riesgo de «marginación» que acechan a muchas rupturas de matrimonios modestos y de clase media.

«El 90% de las personas deseaba liquidar los gananciales en el momento mismo de hacer la separación. Pero el 67% de los progenitores ‘custodios’ no lo hacían porque no tenían la seguridad de una vivienda después de la ruptura. Y de ese 67%, la mitad afronta un crédito hipotecario que paga a medias», señala Kidetza.

Otro dato del estudio es que «el 82% de los progenitores ‘no custodios’ no tiene donde alojarse en el momento de la separación/divorcio, pasando a convivir en un primer momento con familiares, en régimen de alquiler o alquiler compartido, e inclusive en campings, de forma transitoria mayoritariamente».

Kidetza advierte de que «una minoría» de los divorciados que han pasado por sus sedes ha perdido incluso el puesto de trabajo al haber sufrido traumas personales (depresiones, etc.). Al quedarse sin recur económicos han sido atendidos y alojados por entidades sociales o concertadas de forma provisional.

Por último, Kidetza alerta de que «hay un grupo cada vez más numeroso de progenitores con la custodia de los hijos (mujeres, mayoritariamente) que tienen que vender el piso por ley, pero que por su edad, por su formación y por su situación ecónomica o laboral no pueden hacer frente a esa situación».

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