VITORIA. La separación de una pareja entraña un trauma en los implicados y en sus hijos que tarda años en superarse, un conflicto agravado por la difícil situación económica en que muchas veces quedan los cónyuges. En el caso de Álava, entre el 15 y el 20% de los padres o madres separados no paga la pensión alimenticia de sus hijos, ya sea por irresponsabilidad o porque sencillamente no pueden hacerlo. Esto supone que alrededor de 150 niños del territorio, 800 en todo Euskadi, se encuentran en una situación precaria.
Se trata de cifras alarmantes que hablan de una realidad social que va a más cada año, pues la conflictividad en las separaciones no deja de crecer (un 3% de 2005 a 2006), lo que implica que uno de los dos miembros de la pareja, o ambos, quedan en una situación económica muy delicada.
La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kide-tza, quiso hacer visible ayer esta realidad con motivo de unas elecciones generales que pueden redundar en beneficio de las parejas separadas, y sobre todo de sus hijos. Kidetza también quiere aprovechar que en menos de seis meses se sacará adelante el Fondo de Garantía Social para poner sobre la mesa una serie de necesidades que los grupos políticos, a su juicio, han de tener en cuenta.
Los padres y madres separados o divorciados exigen que las ayudas a los hijos sean ilimitadas en el tiempo y en una cuantía suficiente para garantizar la manutención de los menores.
El fondo estatal contempla una ayuda de 150 euros durante dieciocho meses, una cantidad “cicatera” según el presidente de Kidetza, Justo Sáenz. El portavoz de los padres y madres separados de Euskadi añadió que uno de los grandes caballos de batalla de cara a la aprobación de la ley en el ámbito vasco será la ampliación de las ayudas a mayores de dieciocho años. “Desde la perspectiva social condenamos a los mayores de edad a ir al mercado laboral de baja cualificación y precario, para ayudar generalmente a una madre que también suele tener un trabajo precario. Estamos fijando su proyecto de vida y laboral”, señaló Sáenz.
Esta medida sería temporal, y permitiría a los jóvenes continuar con sus estudios mientras no perciban la manutención por parte del progenitor que no vive con ellos.
Al margen de las exigencias concretas de cara al futuro Fondo de Garantía vasco, Kidetza considera fundamental modificar la nueva Ley del Divorcio y la Ley contra la Violencia de Género.
En el primer caso, Sáenz insistió en la necesidad de luchar contra la manipulación de los hijos en los procesos de separación, la liquidación de gananciales para facilitar el acceso a la vivienda de los cónyuges o la guardia y custodia compartida como norma.
denuncias falsas En cuanto a la Ley contra la Violencia de Género, Kidetza cree que se debe corregir la actual discriminación positiva en favor de la mujer, que deja en una situación de desprotección contra la violencia a hombres y niños.
Asimismo, la federación exige que se investiguen las denuncias falsas por violencia de género que proliferan cada vez más y que atentan contra la presunción de inocencia. Hay que tener en cuenta que el 65% de las 125.000 denuncias presentadas en el Estado han sido absolutorias o sobreseídas.