Las asociaciones de padres separados piden una revisión de la ley

Exigen una vigilancia extrema de las normas referentes al divorcio y a la violencia de género

vitoria. Dos años y medio después de la reforma de la Ley de Divorcio, y tres después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, la conflictividad en los divorcios ha aumentado un 5,4%, ha crecido el número de mujeres y hombres asesinados a manos de sus parejas, y la utilización y manipulación de los menores en los procesos de divorcio se ha multiplicado.

Lo denuncian las asociaciones de padres y madres separados, que instan además al gobierno a hacer algo al respecto. “Ante el fracaso de estas dos leyes nos hemos reunido para aprobar un conjunto de medidas que presentaremos a todos los grupos políticos de cara a las elecciones generales de marzo”, explica Rafael Rodrigo, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados. El objetivo de las medidas es reducir la conflictividad, disminuir la violencia familiar, potenciar la igualdad entre ambos sexos, defender el derecho de los niños a tener padre y madre y prevenir las situaciones de pobreza y marginalidad. “En España hay un feminismo político radical que atenta incluso contra el feminismo igualitario. Pero la consecución de la igualdad hombre-mujer es un proyecto de integración y colaboración, no un proceso de sustituir el machismo por el hembrismo”, apunta.

En su artículo primero, asegura Rodrigo, esa Ley ya califica a la mujer como parte discriminada, desigual y bajo del poder el hombre en sus relaciones afectivas, una consideración “machista y de carácter excluyente”. Para hacer frente a esta realidad, estas asociaciones proponen diversas alterativas.

peticiones Entre las peticiones más significativas está la de crear un Ministerio de la Familia, modificar la Ley del Divorcio -en cuanto a los términos de custodia compartida, liquidación de gananciales o la mediación familiar, entre otros-, así como la Ley de Violencia de Género y favorecer una serie de medidas sociales como la ayuda a la vivienda y el impago de pensiones. La primera carencia de la legislación contra la violencia machista, argumentan, es que ignora a las víctimas cuando no son mujeres y que no atiende la diferencia entre violencia de género y doméstica. Además, denuncian, ha recibido más de 120 recursos de inconstitucionalidad desde su puesta en marcha en 2004

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