Mirar hacia adelante

No es una terapia ni una negociación: los profesionales que trabajan en la mediación familiar se esfuerzan porque los afectados aprendan a construir un nuevo futuro a partir de sus propias decisiones

Cualquier conflicto dentro de una familia es doloroso, se rige por el resentimiento y hace difícil tener una visión fría de los problemas y de las consecuencias que pueden acarrear a terceras personas. La nueva Ley de Mediación Familiar regula una figura que existe hace años y que aporta ese punto de sentido común que permite llegar a acuerdos desde la serenidad y la búsqueda del bien común.

Abogados y ONG trabajan y seguirán trabajando por resolver estos conflictos íntimos y particulares, pero muy parecidos unos a otros, que siempre han estado ahí pero que cada vez proliferan más. Justo Sáenz, presidente de la Asociación de Padres y Madres Separados, Kidetza, explica que este colectivo trabaja en la mediación desde 1996, con un gabinete en cada territorio y un objetivo primordial en el horizonte, la garantía del bienestar de los menores implicados en estas disputas, si los hay. “La mediación reconduce el conflicto e intenta que las partes tomen sus propias decisiones acompañados por profesionales. Se procura que adquieran unas pautas con los menores de orientación hacia la coparentalidad”, señala Sáenz.

La metodología de que se sirve Kidetza es la siguiente: el trabajador social explica a la pareja o los familiares en conflicto las salidas, contenciosas o acordadas, que tienen, siempre bajo el prisma de la protección al menor. Luego se celebran las primeras sesiones con un psicólogo y un abogado, en las que se deja que los contendientes “se tiren los trastos a la cabeza”, según Sáenz.

Si se detecta un nexo de dependencia entre un afectado y otro, o que alguno intentará aprovechar la mediación en su beneficio, se suspende el tratamiento y se emprende un proceso psicológico para llegar a la igualdad. Una vez se alcanza, se toma nota de los puntos de acuerdo y desacuerdo, se lleva a cabo un proceso de selección y se redacta un convenio negociado, que se lleva al juzgado. El tercer paso es el del seguimiento por parte del trabajador social de la evolución del acuerdo, muchas veces bajo el compromiso de recurrir de nuevo a la mediación, en lugar de a los tribunales, si una de las partes implicadas lo incumple.

Isabel Gil Marrodán, abogada, conoce de primera mano estos procesos, pues una de las letradas de Kidetza que trabaja en este campo. “Hay que dejar claro que la mediación es una forma de articular la vida de futuro, no una terapia de familia o una negociación” , señala la letrada. Gil explica que cuando se encuentran las partes en conflicto con el abogado, el trabajador social y el psicólogo, estos no se identifican, de tal forma que no se condicione el proceso.

La formación de estas personas, y la experiencia, por supuesto, les han enseñado que el factor emocional es primordial. Tres desconocidos se meten en la intimidad de una familia para buscar una salida de futuro, y ese objetivo no se puede lograr si no alcanza una empatía con los afectados y si éstos no asumen la legitimidad de los mediadores. «Hay turnos de palabras, están prohibidas las descalificaciones, y tenemos en cuenta la puntualidad o el cumplimiento de las tareas que les hemos encomendado», afirma la abogada.

En las sesiones, de tres a ocho según los casos, se oye de todo. “Desde quién se queda con el aita, hasta problemas con adolescentes, herencias y disputas en empresas familiares”, apunta Gil Marrodán. Eso sí, no todo el mundo es susceptible de acogerse a la mediación. “Hay quien viene para alargar una situación o mantener el enganche con la otra persona”, asegura Isabel Gil.

Unos 150 niños sufren la incapacidad de sus padres separados para pagarles la pensión

VITORIA. La separación de una pareja entraña un trauma en los implicados y en sus hijos que tarda años en superarse, un conflicto agravado por la difícil situación económica en que muchas veces quedan los cónyuges. En el caso de Álava, entre el 15 y el 20% de los padres o madres separados no paga la pensión alimenticia de sus hijos, ya sea por irresponsabilidad o porque sencillamente no pueden hacerlo. Esto supone que alrededor de 150 niños del territorio, 800 en todo Euskadi, se encuentran en una situación precaria.

Se trata de cifras alarmantes que hablan de una realidad social que va a más cada año, pues la conflictividad en las separaciones no deja de crecer (un 3% de 2005 a 2006), lo que implica que uno de los dos miembros de la pareja, o ambos, quedan en una situación económica muy delicada.

La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kide-tza, quiso hacer visible ayer esta realidad con motivo de unas elecciones generales que pueden redundar en beneficio de las parejas separadas, y sobre todo de sus hijos. Kidetza también quiere aprovechar que en menos de seis meses se sacará adelante el Fondo de Garantía Social para poner sobre la mesa una serie de necesidades que los grupos políticos, a su juicio, han de tener en cuenta.

Los padres y madres separados o divorciados exigen que las ayudas a los hijos sean ilimitadas en el tiempo y en una cuantía suficiente para garantizar la manutención de los menores.

El fondo estatal contempla una ayuda de 150 euros durante dieciocho meses, una cantidad “cicatera” según el presidente de Kidetza, Justo Sáenz. El portavoz de los padres y madres separados de Euskadi añadió que uno de los grandes caballos de batalla de cara a la aprobación de la ley en el ámbito vasco será la ampliación de las ayudas a mayores de dieciocho años. “Desde la perspectiva social condenamos a los mayores de edad a ir al mercado laboral de baja cualificación y precario, para ayudar generalmente a una madre que también suele tener un trabajo precario. Estamos fijando su proyecto de vida y laboral”, señaló Sáenz.

Esta medida sería temporal, y permitiría a los jóvenes continuar con sus estudios mientras no perciban la manutención por parte del progenitor que no vive con ellos.

Al margen de las exigencias concretas de cara al futuro Fondo de Garantía vasco, Kidetza considera fundamental modificar la nueva Ley del Divorcio y la Ley contra la Violencia de Género.

En el primer caso, Sáenz insistió en la necesidad de luchar contra la manipulación de los hijos en los procesos de separación, la liquidación de gananciales para facilitar el acceso a la vivienda de los cónyuges o la guardia y custodia compartida como norma.

denuncias falsas En cuanto a la Ley contra la Violencia de Género, Kidetza cree que se debe corregir la actual discriminación positiva en favor de la mujer, que deja en una situación de desprotección contra la violencia a hombres y niños.

Asimismo, la federación exige que se investiguen las denuncias falsas por violencia de género que proliferan cada vez más y que atentan contra la presunción de inocencia. Hay que tener en cuenta que el 65% de las 125.000 denuncias presentadas en el Estado han sido absolutorias o sobreseídas.

Cerca de 2.000 familias vascas han cobrado el ‘cheque-bebé’ de Zapatero

BILBAO. Un total de 1.986 familias del País Vasco percibieron en enero los 2.500 euros por nacimiento o adopción que concede el Gobierno central, por un importe total de 4,958 millones de euros. El tiempo medio de espera para el cobro es de unos 30 días desde el momento de la solicitud, según datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Por territorios históricos, Gipuzkoa contabilizó el mayor número de solicitudes, 888, que elevaron el total de percepciones a 2,222 millones de euros, seguido de Bizkaia, con 844 solicitantes y un total de 2,103 millones abonados. En Álava, 254 familias solicitaron el denominado cheque bebé , con lo que la cifra total concedida se estableció en los 635.000 euros.

Las nuevas solicitudes pueden presentarse por Internet con firma electrónica a través de la página www.agenciatributaria.es , en las oficinas de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, o a través del teléfono 901 200 345, informa Europa Press.

Por otro lado, la Federación de Madres y Padres Separados de Euskadi, Kidetza, pidió ayer que el futuro fondo vasco de garantía para el impago de pensiones alimenticias contemple cuantías “suficientes” que cubran “las necesidades reales” de los menores y “no sea tan cicatero” como el recién creado a nivel estatal.

El presidente de Kidetza y también de la Confederación Estatal de progenitores separados, Justo Sáenz, valoró en rueda de prensa en San Sebastián el acuerdo adoptado en el Parlamento Vasco por todos los grupos políticos presentes, que instó al Ejecutivo autonómico a preparar la regulación de dicho fondo antes del 30 de junio próximo. Sáenz confió en que el fondo de garantía social que se cree en Euskadi no incluya las condiciones y cantidades económicas “restrictivas” del que puso en marcha recientemente el Gobierno central como mera “medida electoralista y con un contenido que deja mucho que desear”.

Así, pidió que el que se constituya en el País Vasco no establezca “un límite temporal predeterminado” para la percepción de las prestaciones y no excluya a los hijos mayores de 18 años “en circunstancias de necesidad”. Sáenz exigió además al Ejecutivo vasco que el decreto que regule el funcionamiento del fondo sea negociado con los afectados.

Respecto a la crítica hecha por la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao de que “con el dinero público no se puede pagar la irresponsabilidad de algunos”, recordó que hay “situaciones de pobreza” en algunas parejas separadas que “no tienen por qué implicar a los menores”.