Exigen una vigilancia extrema de las normas referentes al divorcio y a la violencia de género

vitoria. Dos años y medio después de la reforma de la Ley de Divorcio, y tres después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, la conflictividad en los divorcios ha aumentado un 5,4%, ha crecido el número de mujeres y hombres asesinados a manos de sus parejas, y la utilización y manipulación de los menores en los procesos de divorcio se ha multiplicado.

Lo denuncian las asociaciones de padres y madres separados, que instan además al gobierno a hacer algo al respecto. “Ante el fracaso de estas dos leyes nos hemos reunido para aprobar un conjunto de medidas que presentaremos a todos los grupos políticos de cara a las elecciones generales de marzo”, explica Rafael Rodrigo, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados. El objetivo de las medidas es reducir la conflictividad, disminuir la violencia familiar, potenciar la igualdad entre ambos sexos, defender el derecho de los niños a tener padre y madre y prevenir las situaciones de pobreza y marginalidad. “En España hay un feminismo político radical que atenta incluso contra el feminismo igualitario. Pero la consecución de la igualdad hombre-mujer es un proyecto de integración y colaboración, no un proceso de sustituir el machismo por el hembrismo”, apunta.

En su artículo primero, asegura Rodrigo, esa Ley ya califica a la mujer como parte discriminada, desigual y bajo del poder el hombre en sus relaciones afectivas, una consideración “machista y de carácter excluyente”. Para hacer frente a esta realidad, estas asociaciones proponen diversas alterativas.

peticiones Entre las peticiones más significativas está la de crear un Ministerio de la Familia, modificar la Ley del Divorcio -en cuanto a los términos de custodia compartida, liquidación de gananciales o la mediación familiar, entre otros-, así como la Ley de Violencia de Género y favorecer una serie de medidas sociales como la ayuda a la vivienda y el impago de pensiones. La primera carencia de la legislación contra la violencia machista, argumentan, es que ignora a las víctimas cuando no son mujeres y que no atiende la diferencia entre violencia de género y doméstica. Además, denuncian, ha recibido más de 120 recursos de inconstitucionalidad desde su puesta en marcha en 2004

Tras una década de matrimonio, de la noche a la mañana su esposa le denunció por maltrato sin que la hubiera tocado. Ahora lucha por recuperar la custodia de sus dos hijos. Y su dignidad

Pa BLO Fernández ha dejado de ser marido y padre de sopetón y a golpe de orden judicial. Hace dos meses, la policía se presentó de madrugada en su casa y le entregó la citación para que se personara en el Juzgado de Violencia de Género de Vitoria la mañana siguiente. Su mujer le acusaba de maltrato. “Yo no le había hecho nada. Pero la tarde anterior llegué a casa, y sin que la tocara, empezó a gritar como una loca que no la pegara. Gritaba y lloraba. Una amiga suya estaba en casa, en la habitación de al lado y, por supuesto, acudió asustada. Luego declaró como testigo. Todo fue un teatrillo que se montó mi ex pareja para conseguir lo que quería”, recuerda.

Pablo tiene 41 años, llevaba 18 años viviendo con su mujer, y 13 de matrimonio. Pero desde hacía un tiempo las cosas no marchaban bien entre ellos y él le comentó que no podía seguir viviendo así. “No le sentó nada bien. Entonces me dijo, que la que se iba a separar era ella, como amenazándome”. A partir de ahí, comenzó la pesadilla. “Lo único que hacía era meterse conmigo. Decía que estaba loco y me acusaba de acostarme con unas y con otras. Su familia entera me machacó y también se metieron con la mía. La situación llegó a una degradación total”.

La guinda fue la falsa denuncia por malos tratos. Y la sentencia, porque a pesar de la trampa que le había tendido su mujer, no hubo manera de demostrarlo ante el magistrado. El juez dictó una falta por vejaciones, abandono del domicilio y ocho días de localización permanente. También decretó una orden de alejamiento de seis meses. Y la opción de seguir siendo padre -tiene dos hijos de dos y siete años- sólo dos fines de semana al mes. Eso es lo que peor lleva. Y sus hijos también. “Me dicen que me echan mucho de menos. Y el mayor no hace más que repetirme que me quiere mucho. Yo lo paso fatal”, confiesa con la voz entrecortada. Ahora el que llora es él.

hacia arriba Y eso que, dos meses después de que empezara todo, parece que empieza a reponerse. Gracias al apoyo de su familia y de sus amigos, ve un poco de luz al final del túnel. “Estoy más esperanzado y optimista. Pero todo ha sido muy difícil y doloroso”. Pablo lucha ahora por conseguir la custodia de sus hijos. Su mujer, asegura, no está bien y junto a su abogado, trabaja en lograr informes médicos y pruebas que lo demuestren. Y en recuperar una vida que se le truncó de repente. “Ahora vivo con mis padres. Y, a lo mejor, me cambio de trabajo. Mi vida está un poco descontrolada en ese sentido ahora. Pero estoy luchando por centrarme otra vez, conseguir una casa, y unas condiciones económicas y de vida que constituyan una garantía para poder hacerme cargo de mis hijos sin ningún problema”.

Se trata de volver a empezar, admite Pablo. De su ex mujer, no quiere ni oír hablar. Le ha destrozado la vida, y aunque se está dando cuenta de la gravedad de lo que ha hecho y está medio arrepentida, sólo confía en que se acabe todo esto y poder pasar página. No le está resultando nada fácil, porque en el tema de la violencia de género, advierte, todos los hombres parten como presuntos culpables. “Yo entiendo que se trata de un tema muy delicado. Pero también existen casos como el mío. ¿Y en qué situación nos quedamos nosotros? Estamos muy desprotegidos y no tenemos dónde acudir. Yo me he quedado sin hijos de repente, pero los necesito tanto como puede necesitarlos una madre. Y ellos también me necesitan a mí”.

El fraude se usa para que el varón abandone la casa y para que pierda la custodia de los hijos
Denuncian que la actual legislación no respeta la presunción de inocencia y que obliga a los acusados a ser juzgados en 24 horas

vitoria. El hecho de que una mujer denuncie a su pareja por maltrato, por desgracia, ya no es noticia. El hecho de que interponga una acusación falsa para obtener un beneficio en el proceso de separación parece que no merece serlo. Pero los recovecos que facilita los abusos a la Ley de Violencia de Género son ya una realidad que, aunque no se cuente, existe. Una vuelta de tuerca perversa a una norma que nació con la pretensión de proteger a unas víctimas, y que ahora, en ocasiones, crea otras. Y de varios tipos. Las personas perjudicadas por esta práctica no son sólo los hombres que son falsamente acusados de maltrato; a las mujeres que realmente sufren este tipo de abusos físicos o psicológicos también se les hace un flaco favor.

Dicen las asociaciones de padres y madres separados que el problema de la Ley radica en su carácter sexista, una “estrategia institucional basada en la discriminación positiva”. “En primer lugar va en contra del hombre porque es discriminatoria, ya que se penaliza más o menos en base al sexo. Al tratarse de una Ley sexista, nunca se abordará el problema de forma global”, denuncia Rafael Rodrigo, portavoz de la Confederación Española de Padres y Madres Separados. Y es que, en nuestro ordenamiento jurídico un mismo hecho es constitutivo de delito si lo ejerce el hombre sobre la mujer y de falta si se da el caso contrario, o si lo practica cualquiera fuera de la familia. El derecho a la presunción de inocencia tampoco se contempla. Si una mujer denuncia a su pareja por maltrato, la policía detiene al hombre denunciado. No es necesario que ella presente pruebas.

Aunque resulte difícil de creer, cada vez son más los casos de instrumentalización de esta Ley, ya sea por venganza, por influir en la decisión del juez sobre la custodia de los hijos, o por recomendación expresa del jurista. “Es una tendencia que se está apreciando en Álava. Se utiliza para conseguir separaciones inmediatas y que una persona que me molesta abandone el domicilio. Está claro que va en perjuicio de las mujeres que realmente son maltratadas, y por su puesto de esos hombres falsamente acusados”, explica Mari Sol Palacios, vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres Separados de Álava Amapase. “A la asociación alavesa llegan destrozados. De repente se encuentran con 24 horas para recoger sus cosas y abandonar su casa. Y tienen que ver a sus hijos en un punto de encuentro, cuando en realidad no han hecho nada. Es un palo psicológico muy gordo porque son tratados como criminales y señalados con el dedo”. Desde la federación, se les ofrece apoyo psicológico y emocional, así como orientación jurídica. Y además, se lucha porque tengan en cuenta a colectivos como éste a la hora de legislar porque es muy difícil que una denuncia se descubra como falsa ya que, a pesar de no haber pruebas inculpatorias, tampoco las hay exculpatorias.

extendida El problema de esta mala praxis afecta ya a tantos hombres que hasta se han creado asociaciones expresamente dedicadas a la denuncia de esta realidad. José Luis Malavé es presidente de la Asociación de Denuncias Falsas y víctima al mismo tiempo. “La jueza de mi última declaración me dijo que iniciara alguna acción legal contra mi ex pareja porque ella pensaba que me había acusado falsamente. Pero incluso intuyéndolo, no se pudo demostrar. Mientras jueces y fiscales sigan sin perseguir las denuncias falsas, se destrozarán las vidas de muchos hombres”. En concreto, alrededor de 120.000 hombres al año se ven afectados en España por esta práctica, según datos de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados.

No es una terapia ni una negociación: los profesionales que trabajan en la mediación familiar se esfuerzan porque los afectados aprendan a construir un nuevo futuro a partir de sus propias decisiones

Cualquier conflicto dentro de una familia es doloroso, se rige por el resentimiento y hace difícil tener una visión fría de los problemas y de las consecuencias que pueden acarrear a terceras personas. La nueva Ley de Mediación Familiar regula una figura que existe hace años y que aporta ese punto de sentido común que permite llegar a acuerdos desde la serenidad y la búsqueda del bien común.

Abogados y ONG trabajan y seguirán trabajando por resolver estos conflictos íntimos y particulares, pero muy parecidos unos a otros, que siempre han estado ahí pero que cada vez proliferan más. Justo Sáenz, presidente de la Asociación de Padres y Madres Separados, Kidetza, explica que este colectivo trabaja en la mediación desde 1996, con un gabinete en cada territorio y un objetivo primordial en el horizonte, la garantía del bienestar de los menores implicados en estas disputas, si los hay. “La mediación reconduce el conflicto e intenta que las partes tomen sus propias decisiones acompañados por profesionales. Se procura que adquieran unas pautas con los menores de orientación hacia la coparentalidad”, señala Sáenz.

La metodología de que se sirve Kidetza es la siguiente: el trabajador social explica a la pareja o los familiares en conflicto las salidas, contenciosas o acordadas, que tienen, siempre bajo el prisma de la protección al menor. Luego se celebran las primeras sesiones con un psicólogo y un abogado, en las que se deja que los contendientes “se tiren los trastos a la cabeza”, según Sáenz.

Si se detecta un nexo de dependencia entre un afectado y otro, o que alguno intentará aprovechar la mediación en su beneficio, se suspende el tratamiento y se emprende un proceso psicológico para llegar a la igualdad. Una vez se alcanza, se toma nota de los puntos de acuerdo y desacuerdo, se lleva a cabo un proceso de selección y se redacta un convenio negociado, que se lleva al juzgado. El tercer paso es el del seguimiento por parte del trabajador social de la evolución del acuerdo, muchas veces bajo el compromiso de recurrir de nuevo a la mediación, en lugar de a los tribunales, si una de las partes implicadas lo incumple.

Isabel Gil Marrodán, abogada, conoce de primera mano estos procesos, pues una de las letradas de Kidetza que trabaja en este campo. “Hay que dejar claro que la mediación es una forma de articular la vida de futuro, no una terapia de familia o una negociación” , señala la letrada. Gil explica que cuando se encuentran las partes en conflicto con el abogado, el trabajador social y el psicólogo, estos no se identifican, de tal forma que no se condicione el proceso.

La formación de estas personas, y la experiencia, por supuesto, les han enseñado que el factor emocional es primordial. Tres desconocidos se meten en la intimidad de una familia para buscar una salida de futuro, y ese objetivo no se puede lograr si no alcanza una empatía con los afectados y si éstos no asumen la legitimidad de los mediadores. «Hay turnos de palabras, están prohibidas las descalificaciones, y tenemos en cuenta la puntualidad o el cumplimiento de las tareas que les hemos encomendado», afirma la abogada.

En las sesiones, de tres a ocho según los casos, se oye de todo. “Desde quién se queda con el aita, hasta problemas con adolescentes, herencias y disputas en empresas familiares”, apunta Gil Marrodán. Eso sí, no todo el mundo es susceptible de acogerse a la mediación. “Hay quien viene para alargar una situación o mantener el enganche con la otra persona”, asegura Isabel Gil.