Divorciados y separados podrán deducir el pago de pensiones al acceder a una VPO

por contra, los perceptores deberán declararlas como ingresos ante etxebide

La persona que deja el domicilio conyugal entra en los sorteos de forma “inmediata” en lugar de a los dos años

vitoria. Buenas noticias para las personas separadas y divorciadas que residen en la CAV y que desean acceder a las viviendas de Etxebide y Bizigune. El Gobierno Vasco ha modificado el decreto correspondiente a las viviendas públicas y ha decidido que cualquier ciudadano que pague una pensión compensatoria a su ex pareja podrá deducir este montante completo de su declaración de ingresos a la hora de solicitar un piso, tanto en régimen de compra como de alquiler. Una medida moderna con la que el Ejecutivo autonómico pretende “adaptar la normativa de la VPO a las nuevas circunstancias”.

Después de analizar el actual panorama familiar de la comunidad autónoma, los responsables de la consejería vasca de Vivienda han constatado que, desde el año 2001, se ha duplicado el volumen de separaciones o divorcios. Euskadi ha pasado de registrar 2.000 a 4.000 rupturas de pareja por ejercicio. Una circunstancia que da lugar a “situaciones complejas, ligadas a menudo a la asignación de la custodia y la vivienda”.

Para compensar el esfuerzo económico que representa el abono de una pensión compensatoria, el Departamento de Vivienda ha anunciado que, a partir de ahora, realizará modificaciones sustanciales en el cálculo de ingresos para acceder a los sorteos. Así, el ex cónyuge que tiene la obligación de pagar la pensión compensatoria “deberá probar documentalmente que la está pagando para poder minorar esta cantidad de sus ingresos a efectos de Etxebide”, según explicaron los portavoces de la consejería.

Esta corrección a la baja puede, en muchos casos, marcar la diferencia entre quedar excluido de las listas o formar parte de las bolsas de sorteo. “Puede permitir no superar los máximos de compra, fijados en 33.000 euros, o de ciertos tipos de alquiler cuyo tope está fijado en 21.000 euros”, precisaron. Pero también tendrá efectos sobre las personas perceptoras de las pensiones, ya que deberán declararlas como ingresos ante Etxebide a la hora de optar a una VPO.

La renovación del decreto que regula el régimen de las viviendas protegidas y las medidas financieras en materia de suelo y vivienda, resulta, a juicio de los responsables de Vivienda, “aún más necesaria tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo”, ya que ha introducido importantes modificaciones. Concretamente, el articulado establece como novedad que “las pensiones compensatorias serán tenidas en cuenta tanto como ingreso del ex cónyuge que la perciba como minoración de ingresos del ex cónyuge obligado a abonarla, siempre y cuando el ex cónyuge obligado a abonar la pensión compensatoria pruebe documentalmente que la ha satisfecho de forma efectiva”.

Otra modificación que forma parte de las ya introducidas en el decreto, servirá para permitir que la persona que se ve obligada a abandonar el domicilio conyugal pueda participar en los sorteos “de forma inmediata” y no a los dos años como marca la norma anterior. Otra novedad es que, en caso de venta de la vivienda conyugal, también podrán tomar parte en los sorteos los dos ex miembros de la pareja siempre que la venta no supere los 75.000 euros.

cupo social Asimismo, los divorciados y separados residentes en la CAV pasarán a formar parte del cupo social para viviendas en alquiler, grupo en el que también tienen cabida las familias monoparentales y las mujeres que han sufrido maltrato, “un cupo que tiene mayor probabilidad de resultar agraciado en los sorteos”. Además, los separados y divorciados inscritos en el registro de Etxebide que tengan la custodia de los hijos compartida, “podrán hacer constar como unidad convivencial a dichos hijos en ambas solicitudes”.

En los casos de custodia no compartida, los hijos pasarán a formar parte de la unidad convivencial de la persona encargada de su cuidado. “El ex cónyuge no custodio podrá solicitar que se tenga en cuenta a dichos hijos a los efectos de las dimensiones o números de habitaciones de la futura vivienda”.

Otro cambio atañe a las renuncias. Anteriormente, si se rehusaba en dos ocasiones al piso adjudicado, el solicitante quedaba excluido de las rifas durante dos años. Ahora, dos renuncias expresas darán lugar a la exclusión automática de los registros durante dos años. Además, un rechazo tácito por no haber sido posible localizar al agraciado, también será motivo de exclusión, medida que animará a los solicitantes a mantener actualizados los datos de domicilio y teléfono de contacto.

Finalmente, el Gobierno Vasco establece que una renuncia expresa a cualquier programa de Etxebide “producirá la exclusión inmediata de dicho programa”.

 

Kidetza exige a Lakua activar un fondo para cubrir los impagos de pensiones por divorcio

La federación de padres y madres separados pide más capacidad legislativa en materia de familia para la C.A.V. Joseba Imaz

Donostia. La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kidetza, exigió ayer al Gobierno Vasco la “urgente” puesta en marcha de un fondo social de garantías para cubrir los impagos de las pensiones derivadas de las separaciones. Al mismo tiempo, reclamó que la capacidad de legislar sobre la familia sea transferida a la CAV, al igual que ocurre en otras comunidades como Cataluña.

Estas reivindicaciones se presentaron en el marco de las VIII Jornadas de Mediación Familiar, organizadas por Kidetza, y que han tenido lugar en el Palacio Miramar de Donostia. El viernes y ayer, expertos de todo el Estado en el ámbito de la familia reflexionaron sobre temas como la cooperación interregional en la resolución de los conflictos familiares o el los aspectos psicológicos derivados de las separaciones.

En las ponencias, que fueron calificadas como “enriquecedoras” por sus organizadores, se subrayó el papel beneficioso de los puntos de encuentro a la hora de evitar que los conflictos familiares repercutan en el desarrollo normal de los hijos.

“Debemos potenciar las medidas preventivas y sociales por encima de las penales discriminatorias, que están generando un aumento de la violencia”, defendió Justo Sáenz, presidente de Kidetza. En este sentido, recordó que una de las principales conclusiones de las jornadas es la necesidad de cambiar la actual Ley del Divorcio. Sáenz subrayó la capacidad legislativa que tiene Cataluña para modificar y mejorar esta normativa, por lo que pidió que “Euskadi tenga las mismas competencias que tiene Cataluña en el área de familia”.

Las jornadas también sirvieron para llegar a la conclusión de que la Ley de Violencia de Género necesita ser “modificada profundamente”. Además, los expertos participantes en las jornadas se mostraron de acuerdo en recalcar que los juzgados deben contar con más recursos económicos y sociales para afrontar los problemas de maltrato. “Habrá que dotar de medidas sociales como viviendas, ayudas económicas y posibilidades de acceso al trabajo, que son también generadoras de conflicto en el momento de la separación”, subrayó el presidente de la Federación.

Asimismo, Kidetza exigió al Gobierno Vasco que regule “urgentemente” un fondo social de garantías para impagos de pensiones y criticó la demora que se está dando en su tramitación. Según informaron desde la Federación, en la actualidad el porcentaje de sentencias de pensiones que no se cumplen se sitúa en un 12%. También se reclamó a la Administración que regule los puntos de encuentro familiares.
NOTICIAS DE ALAVA

Una ruptura, dos hogares pobres

J. M./BILBAO

El año pasado, 432 divorciados y separados vascos acudieron a las sedes de Kidetza en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava para buscar asesoramiento. Según esa entidad, todos esos casos ponen de relieve la precariedad económica y el riesgo de «marginación» que acechan a muchas rupturas de matrimonios modestos y de clase media.

«El 90% de las personas deseaba liquidar los gananciales en el momento mismo de hacer la separación. Pero el 67% de los progenitores ‘custodios’ no lo hacían porque no tenían la seguridad de una vivienda después de la ruptura. Y de ese 67%, la mitad afronta un crédito hipotecario que paga a medias», señala Kidetza.

Otro dato del estudio es que «el 82% de los progenitores ‘no custodios’ no tiene donde alojarse en el momento de la separación/divorcio, pasando a convivir en un primer momento con familiares, en régimen de alquiler o alquiler compartido, e inclusive en campings, de forma transitoria mayoritariamente».

Kidetza advierte de que «una minoría» de los divorciados que han pasado por sus sedes ha perdido incluso el puesto de trabajo al haber sufrido traumas personales (depresiones, etc.). Al quedarse sin recur económicos han sido atendidos y alojados por entidades sociales o concertadas de forma provisional.

Por último, Kidetza alerta de que «hay un grupo cada vez más numeroso de progenitores con la custodia de los hijos (mujeres, mayoritariamente) que tienen que vender el piso por ley, pero que por su edad, por su formación y por su situación ecónomica o laboral no pueden hacer frente a esa situación».

EL CORREO DIGITAL

Vivienda crea un cupo especial para facilitar el acceso de los separados a VPO de alquiler

EL 67% DE LOS EX CÓNYUGES SE BENEFICIARÁ DEL ACUERDO ENTRE KIDETZA Y EL GOBIERNO VASCO

Los padres no custodios adjudicatarios de un piso podrán hacer constar a sus hijos para exigir viviendas más amplias
Ana Úrsula Soto

DONOSTI. Los vascos separados o divorciados tendrán un acceso preferente a las viviendas de alquiler de protección oficial, gracias al acuerdo alcanzado por la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados Kidetza y el Departamento vasco de Vivienda. De este modo, la consejería del Gobierno Vasco atiende la demanda más prioritaria que viene haciendo pública este colectivo, puesto que hasta el 82% de los progenitores no custodios que contactaron el año pasado con la federación no disponía de alojamiento.

En Gipuzkoa se registraron cerca de 2.000 divorcios en 2005 y alrededor de 6.000 en toda Euskadi. No obstante, seis de cada diez ex cónyuges podrían beneficiarse de esta medida, según mantiene Kidetza, que presentó ayer el acuerdo junto con el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.

Tras el consenso alcanzado, los padres y madres separados o divorciados se integrarán en un cupo social específico, junto con el resto de colectivos necesitados de especial protección, a la hora de acceder a un concurso de vivienda protegida, aunque sólo en régimen de alquiler.

Con esta medida se amplía el número de beneficiarios de este cupo especial, puesto que en 2004 Lakua ya estableció uno para el acceso de las familias monoparentales y otro de especial protección para las víctimas de la violencia de género.

Además, el pacto amplía el abanico de acceso a las listas de Etxebide y a las adjudicaciones de VPO, tanto en alquiler como en venta, a todos los vascos separados o divorciados que carezcan de vivienda, o bien obtengan por la venta del domicilio ex conyugal un importe neto de menos de 75.000 euros, cuando hasta ahora se establecía como cantidad límite los 72.000 euros.
protección del menor Uno de los alegatos con los que Kidetza argumentaba la demanda de VPO para sus usuarios era la protección del menor. En su propuesta, defendía que en la mayoría de las sentencias de separación o divorcio se adjudica el hogar conyugal al progenitor custodio, al fin de que el menor tenga un hogar digno. Sin embargo, el colectivo achacaba a la consejería de Vivienda que no se tenía en cuenta que el menor “pasa con el no custodio una media de 126 días al año”. “Las administraciones no pueden ignorar que el 50% de parejas sigue pagando créditos hipotecarios después de la separación”, añadían.

Por eso, a partir de ahora los padres no custodios podrán solicitar que se tenga en cuenta a los hijos a efectos de las dimensiones o número de habitaciones de la vivienda, una vez haya resultado adjudicatario en el sorteo de Etxebide. Como indicó el presidente de Kidetza y de su filial guipuzcoana Agipase, Justo Saez, de esta forma los hijos se relacionarán “en condiciones dignas” con ambos padres. En el caso de que la custodia de los hijos sea compartida, ambos progenitores podrán hacer constar en su solicitud a los hijos.

Aparte de estas consideraciones, el pacto reduce el tiempo de espera para acceder a una VPO por parte de los progenitores no custodios. Si antes debían esperar dos años, ya que se les consideraba propietarios del piso ex conyugal, ahora podrán inscribirse en las listas de Etxebide al día siguiente de la separación.

Todas estas aportaciones para el colectivo recogidas en el acuerdo aseguran, según coincidieron en señalar tanto Madrazo como Saez, una “reducción de la conflictividad” en este tipo de procesos, además de evitar que la inestabilidad causada por la pérdida del domicilio original derive en situaciones de marginación social.
los obstáculos En definitiva, no es fácil para un separado afrontar, de nuevo, el proceso que conlleva el acceso a una vivienda, aunque según datos de Kidetza, nueve de cada diez separados vascos desea liquidar los bienes gananciales en el momento de hacer la separación. El 67% de los progenitores custodios lo hacían por no tener la seguridad de una vivienda.

También influye en este proceso la pérdida del puesto de trabajo que sufren algunos separados por razones relacionadas con el distanciamiento de la pareja, así como la edad y la formación.

A esto se le puede añadir, en ocasiones, una manipulación de la condición de víctima, sobre todo por parte de las mujeres. Por esta razón, la integrante de Kidetza, Isabel Ruiz, recordó ayer que todavía muchos hombres quedan desamparados por un “mal” uso puntual de la Ley de Violencia de Género por parte de las mujeres para lograr la custodia de los hijos o la titularidad del hogar conyugal. E incluso llegan a manipular a los hijos para obtener beneficios, entre los que la adjudicación de la vivienda suele ocupar un lugar destacado.

Hasta ahora, las alternativas no eran muy halagüeñas como presentaba Kidetza en su propuesta. Por un lado, los pisos de alquiler son una opción poco frecuente por su alto coste económico, salvo para zonas situadas en la periferia de los municipios. Así que la elección más frecuente surge entre las viviendas compartidas, que permiten repartir el coste mensual entre sus residentes.

También, cada vez más, el camping se convierte en una alternativa muy deseada, aunque poco convencional. Sin embargo, Kidetza ha denunciado siempre que ambos alojamientos nos son “aptos” para realizar un régimen de convivencia con los hijos de forma adecuada.

Por eso el acuerdo alcanzado permitirá a los separados acceder a una vivienda digna que podrán compartir con sus descendientes, aunque no se encuentren bajo su custodia.

DIARIO DE GIPUZKOA