“Estas novedades reducen el conflicto y benefician sobre todo a los niños”.
La Asociación Alavesa de Padres y Madres Separados cree que todos los vascos percibirán los beneficios de estas medidas.
Los vascos separados o divorciados tendrán un acceso preferente a las viviendas de alquiler de protección oficial, gracias al acuerdo alcanzado por la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados Kidetza y el Departamento vasco de Vivienda. De este modo, la consejería del Gobierno Vasco atiende la demanda más prioritaria que viene haciendo pública este colectivo, puesto que hasta el 82% de los progenitores no custodios que contactaron el año pasado con la Federación no disponía de alojamiento. En Álava se realizaron 800 divorcios el pasado año y alrededor de 6.000 en toda Euskadi. No obstante, seis de cada diez ex cónyuges podrán beneficiarse de esta medida, según mantiene Kidetza, que presentó ayer el acuerdo junto con el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo. Tras el consenso alcanzado, los padres y madres separados o divorciados se integrarán en un cupo social específico, junto con el resto de colectivos necesitados de especial protección, a la hora de acceder a un concurso de vivienda protegida, aunque sólo en régimen de alquiler.
Con esta medida se amplía el número de beneficiarios de este cupo especial, puesto que en 2004 Lakua ya estableció uno para el acceso de las familias monoparentales y otro de especial protección para las víctimas de la violencia de género. Además, el pacto amplía el abanico de acceso a las listas de Etxebide y a las adjudicaciones de VPO, tanto en alquiler como en venta, a todos los vascos separados o divorciados que carezcan de vivienda, o bien, obtengan por la venta del domicilio ex conyugal un importe neto de menos de 75.000 euros, cuando hasta ahora se establecía como cantidad límite los 72.000 euros.
PROTECCIÓN DEL MENOR Uno de los alegatos con los que Kidetza argumentaba la demanda de VPO para sus usuarios era la protección del menor. En su propuesta, argüía que en la mayoría de las sentencias de separación o divorcio se adjudica el hogar conyugal al progenitor custodio, al fin de que el menor tenga un hogar digno. Sin embargo, el colectivo achacaba a la consejería de Vivienda que no se tenía en cuenta que el menor “pasa con el no custodio una media de 126 días al año”. “Las administraciones no pueden ignorar que el 50% de las parejas continúa pagando créditos hipotecarios después de la separación”, añadían. Por eso, a partir de ahora los padres no custodios podrán solicitar que se tenga en cuenta a los hijos a efectos de las dimensiones o número de habitaciones de la vivienda, una vez que haya resultado adjudicatario en el sorteo de Etxebide. Como indicó el presidente de Kidetza, Justo Saez, de esta forma los hijos se relacionarán “en condiciones dignas” con ambos padres. En el caso de que la custodia de los hijos sea compartida, ambos progenitores podrán hacer constar en su solicitud a los hijos. Aparte de estas consideraciones, el pacto reduce el tiempo de espera para acceder a una VPO por parte de los progenitores no custodios. Si antes debían esperar dos años, ya que se les consideraba propietarios del piso ex conyugal, ahora podrán inscribirse en las listas de Etxebide al día siguiente de la separación. Todas estas aportaciones para el colectivo recogidas en el acuerdo aseguran, según coincidieron en señalar tanto Madrazo como Saez, una “reducción de la conflictividad” en este tipo de procesos, además de evitar que la inestabilidad de la pérdida del domicilio original derive en situaciones de marginación social. No obstante, la integrante de Kidetza, Isabel Ruiz, incidió en que todavía muchos hombres quedan desamparados por un “mal” uso puntual de la Ley de Violencia de Género por parte de las mujeres con el fin de lograr la custodia de los hijos o la titularidad del hogar conyugal.