Una experta en derecho matrimonial de vitoria cree que la separación de bienes también reduce el conflicto
Ya no hay separaciones. Quien quiere romper su matrimonio, ahora opta directamente por el divorcio”. La abogada Cristina Beltrán, integrante del bufete BC Abogados de Vitoria, ha vivido en primera fila los cambios acontecidos con la reforma legal de estas rupturas. Y reconoce con sencillez que la modificación “ha fastidiado económicamente” a los letrados, pero también defiende que la simplificación del proceso “es buena para todos” los ciudadanos.
“Antes había que pagar a un procurador y un abogado para iniciar la separación y otra vez para comenzar el divorcio”, explica esta abogada con 15 años de experiencia. En ese tiempo ha visto cómo las separaciones se han venido a menos, y augura que llegarán a desaparecer. Opina que se trata, simplemente, de una fórmula heredada del pasado con fecha de caducidad.
Ahora, el único requisito para optar por el divorcio es que hayan pasado tres meses desde el matrimonio. Aquél que desee esta ruptura y no disponga de medios, acude a un servicio de orientación jurídica pero, si hay esa disponibilidad económica, se debe contratar un abogado particular. En Internet, ya se ofrece la posibilidad de contratar un divorcio express por menos de 400 euros.
En cuanto al temido aumento de la conflictividad que podría acompañar a este sistema, Beltrán reconoce que una baza para evitar malos ratos es la separación de bienes. “Se trata de una fórmula que cada vez se utiliza más, y siempre queda todo mucho más claro”, detalla.
Marzo 3rd, 2008
Prácticamente una de cada tres rupturas matrimoniales acabó en 2007 con una demanda de ejecución. Es decir, que uno de los dos (ex) cónyuges no cumple el pacto acordado y el otro reclama que, por ejemplo, se abone la pensión debida. A pesar de que estas cifras son similares a las de anteriores ejercicios, el Gobierno Vasco admitió su preocupación ante estas situaciones, que en ciertos casos pueden suponer “una manifestación más” de la violencia contra la mujer.
Las cifras son claras. En el 31,6% de las separaciones o divorcios, uno de los miembros de la antigua pareja no cumple su palabra. Por ello, el proceso acaba en las llamadas ejecuciones forzosas . Se han dado 1.500 de estos casos, que “son cifras importantes”, admitió el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga.
En la mayoría de ellos, el 75%, no había un acuerdo previo. Es decir, que si el proceso viene acompañado de cierta controversia, los incumplimientos obviamente resultan más habituales. Cuando se dan, afectan sobre todo al pago de dinero: siete de cada diez se originan porque no se ha abonado la pensión alimenticia -habitualmente ronda entre los 150 y los 300 euros- o la compensatoria -que no suele exceder los 200 euros-. Mientras, otro 14% se produce porque no se ha seguido según lo establecido el régimen de visitas. En cualquier caso, apenas un 0,2% de estos incumplimientos acaba con una denuncia penal.
Éstas son algunas de las conclusiones de un informe realizado por Justicia, en colaboración con los juzgados de familia de San Sebastián, Vitoria y Barakaldo. El Ejecutivo ha realizado un estudio de 2.600 expedientes para conocer la efectividad que tienen las sentencias de familia y ver si se cumplen los pagos de pensiones. El trabajo no ha terminado aquí. Justicia inicia ahora una “reflexión”, junto al Observatorio Vasco de la Administración de Justicia -ayer había reunión de trabajo-, para poner en marcha en breve “propuestas de mejora” para, entre otras cuestiones, agilizar el pago de las pensiones alimenticias. >g.m.
Marzo 3rd, 2008
El Gobierno Vasco apuesta por abrir este año un segundo juzgado de familia en Vitoria
Un total de 3.280 parejas se disuelven en el País Vasco en 2007 y apenas 208 eligen la opción “residual” de separarse
No está claro si es una buena o una mala noticia, pero el divorcio se ha consolidado en Euskadi. En 2007 se rompieron un total de 3.280 matrimonios, en torno a un 3% más que en 2006, y la mayoría de los vascos prefirió el divorcio (el 93% de los casos) a la separación (7%). Esta figura, de hecho, parece tener los días contados, puesto que sus balances han caído un 88% en los últimos cinco años. El Gobierno Vasco ya habla de la separación como un sistema “residual”.
La separación legal era el paso previo y obligatorio al divorcio. Las parejas seguían casadas, pero no convivían en el mismo domicilio, a la espera de que pasara el año exigido por ley para disolver el vínculo matrimonial y, así, tener la posibilidad de volver a casarse. La reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en julio de 2005, supuso un punto de inflexión que cambió por completo este panorama. Es más, ese año se registró en el País Vasco el récord de rupturas matrimoniales. El amor se acabó para 4.121 parejas. Desde 2005, las separaciones se han reducido con claridad. De 1.420 hace tres años se pasó a 237 en 2006 y a 208 en 2007.
El balance de separaciones está prácticamente calcado en los siete juzgados de familia que hay en estos momentos en el País Vasco (tres en Bilbao, dos en San Sebastián, otro en Barakaldo y un último en Gasteiz), donde oscila entre el 6 y el 7% de los casos. En cuanto al volumen de rupturas tratado, la capital vizcaína continúa a la cabeza, con 1.264 separaciones o divorcios en 2007. Le siguen Donostia (784 ingresos), Vitoria (654) y Barakaldo (578).
Sin embargo, estas sentencias no son las únicas actividades a tener en cuenta al valorar el nivel de trabajo en estas salas, puesto que también se hacen cargo de los habituales incidentes que acompañan a estos procesos, como los problemas con el pago de las pensiones o las medidas momentáneas de separación. El Ejecutivo autonómico, así, ha pedido que a lo largo de este año se abra un nuevo juzgado de familia en la capital alavesa, “para que así los ciudadanos tengan un mejor servicio” y el final del matrimonio no cope en exclusiva el día a día del juzgado.
no tanta conflictividad El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, interpretó estas cifras como la “consolidación” de un sistema de disolución directa que no sólo acorta el paso y reduce costes, sino que además limita la conflictividad durante el proceso judicial.
Esta simplificación del sistema encendió en su día la alarma, puesto que se pensaba que multiplicarían las rupturas conflictivas. No ha sido así. Los contenciosos, tanto en separaciones como en divorcios, han crecido apenas un 4,2% en media década, por lo que desde Lakua ven “una tendencia a la estabilidad”. El pasado año, por ejemplo, hubo 3.072 divorcios: 2.066 fueron de mutuo acuerdo y 1.006, por la vía contenciosa.
Marzo 3rd, 2008
Existen miles de historias parecidas a las suyas, pero Mari Carmen e Isabel tienen el valor de hacerlas públicas. Ellas sobrevivieron a un divorcio y hoy en día se sienten felices, completas y satisfechas de sus logros
Mari Carmen e Isabel se adelantaron a su tiempo. Cuando los vitorianos todavía torcían el gesto al oír hablar de separación o de divorcio, ambas decidieron echarse la familia a la espalda tras un matrimonio roto y sacaron a sus hijos adelante, no sin numerosos sacrificios. Integradas en la Asociación de Madres y Padres Separados, Amapase, las dos comparten un gran optimismo y enormes ganas de vivir, elementos indispensables para sobrevivir al frente de lo que técnicamente se conoce como “unidad convivencial”, aunque reconocen que sus principales preocupaciones son sus hijos y la economía familiar, un escollo cada vez más escarpado.
Mari Carmen tiene 45 años y reside junto a sus dos hijos mayores de edad en Arana. Trabaja como empleada en un comercio y aunque en ocasiones se le hace muy cuesta arriba compaginar su trabajo con la atención a su familia, se confiesa “afortunada” de contar con un puesto estable. Los hijos aportan lo que pueden a la economía familiar, aunque actualmente ambos se encuentran en paro, lo que da lugar a escenas de tensión cuando llega el fin de mes. “Sientes angustia, ansiedad, preocupación… Ves que no te alcanza el dinero y que, a pesar de no permitirte caprichos, no llegas. Menos mal que al final levantas la cabeza y sales adelante, aunque hay veces que no sabes ni cómo”, asegura.
La precariedad laboral repercute negativamente en la situación familiar de Mari Carmen, ya que muchos de los contratos que obtienen sus hijos se tramitan mes a mes a través de ETT, pero existen problemas más acuciantes, como el de la vivienda. Actualmente, el núcleo familiar reside en el domicilio que ocupaba antes de la separación, pero el divorcio provocará su venta en breve, lo que abre una incógnita preocupante. “Como aún soy cotitular del piso no puedo apuntarme a Etxebide, pero dentro de poco se va a vender y todavía no sé ni dónde ni cómo vamos a vivir”, se pregunta. Además, lamenta que la Administración reclame tantos requisitos para acceder a los sorteos. “Te piden una nómina, unos mínimos… creo que la situación de cada familia es diferente y que deberían atender cada necesidad de forma personalizada”, medita.
Isabel, de 49 años, no sufre este problema. Vive con sus tres hijos en una VPO de Lakua y sonríe al pensar en las vistas al Gorbea que cada mañana disfruta desde su cocina. Sin embargo, comparte con Mari Carmen la preocupación por la economía, un problema que todos los meses le obliga a realizar “malabarismos” con el sueldo.
Isabel se halla al frente de su familia desde hace dos décadas. Dejó su ciudad, Tarragona, para pedir ayuda a su familia, afincada en Cuenca. Trabajó en Valencia durante algún tiempo y poco a poco fue cumplimentando los trámites de su divorcio. Un buen día, hace ya 17 años, un familiar le propuso mudarse a Vitoria. “Vine para conocer la ciudad y me encantó″, recuerda.
Se empadronó y contactó con una asistenta social que le prestó su apoyo. Pasó el tiempo, alquiló un piso y fue trasladando poco a poco a los miembros de la familia para que se fuera aclimatando al nuevo entorno. Buscó trabajo en una empresa de limpieza, acudió a charlas y cursos y se apuntó a las listas de Etxebide para acceder a un piso en Arana. “Al final me lo dieron en Lakua, que entonces parecía estar en el fin del mundo, pero hoy no lo cambiaría por nada”. Ahora, después de que la hipoteca le haya subido 150 euros en dos años y con varios plazos de los muebles aún pendientes de pago, su principal preocupación es la economía.
Febrero 25th, 2008
Exigen una vigilancia extrema de las normas referentes al divorcio y a la violencia de género
vitoria. Dos años y medio después de la reforma de la Ley de Divorcio, y tres después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, la conflictividad en los divorcios ha aumentado un 5,4%, ha crecido el número de mujeres y hombres asesinados a manos de sus parejas, y la utilización y manipulación de los menores en los procesos de divorcio se ha multiplicado.
Lo denuncian las asociaciones de padres y madres separados, que instan además al gobierno a hacer algo al respecto. “Ante el fracaso de estas dos leyes nos hemos reunido para aprobar un conjunto de medidas que presentaremos a todos los grupos políticos de cara a las elecciones generales de marzo”, explica Rafael Rodrigo, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados. El objetivo de las medidas es reducir la conflictividad, disminuir la violencia familiar, potenciar la igualdad entre ambos sexos, defender el derecho de los niños a tener padre y madre y prevenir las situaciones de pobreza y marginalidad. “En España hay un feminismo político radical que atenta incluso contra el feminismo igualitario. Pero la consecución de la igualdad hombre-mujer es un proyecto de integración y colaboración, no un proceso de sustituir el machismo por el hembrismo”, apunta.
En su artículo primero, asegura Rodrigo, esa Ley ya califica a la mujer como parte discriminada, desigual y bajo del poder el hombre en sus relaciones afectivas, una consideración “machista y de carácter excluyente”. Para hacer frente a esta realidad, estas asociaciones proponen diversas alterativas.
peticiones Entre las peticiones más significativas está la de crear un Ministerio de la Familia, modificar la Ley del Divorcio -en cuanto a los términos de custodia compartida, liquidación de gananciales o la mediación familiar, entre otros-, así como la Ley de Violencia de Género y favorecer una serie de medidas sociales como la ayuda a la vivienda y el impago de pensiones. La primera carencia de la legislación contra la violencia machista, argumentan, es que ignora a las víctimas cuando no son mujeres y que no atiende la diferencia entre violencia de género y doméstica. Además, denuncian, ha recibido más de 120 recursos de inconstitucionalidad desde su puesta en marcha en 2004
Febrero 21st, 2008
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